Dictamen nº 2577 de Contraloría General de la República, de 13 de Enero de 2014 - Doctrina Administrativa - VLEX 487098802

Dictamen nº 2577 de Contraloría General de la República, de 13 de Enero de 2014

RESUMEN

Sobre la procedencia de fiscalizar y aplicar sanciones por el incumplimiento de los artículos 46, letra a), y 1° transitorio de la ley N° 20.370.

 
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N° 2.577 Fecha: 13-I-2014

El señor Miguel Landeros Perkic, Prosecretario de la Cámara de Diputados, ha remitido el oficio N° 8.303, de 2012, en el que consta la solicitud del diputado señor Alberto Robles Pantoja, quien requiere se investigue si el Ministerio de Educación (MINEDUC) fiscalizó y sancionó, en su caso el cumplimiento de las exigencias para entregar recursos a los sostenedores de los establecimientos educacionales, en especial, con posterioridad a la fecha dispuesta en el artículo 1° transitorio del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, de esa Secretaría de Estado.

En su opinión, dicho texto legal y la ley N° 20.483, que la modificó, disponen que los sostenedores de los establecimientos educacionales que indica, que cuenten con reconocimiento oficial a la fecha de publicación de la ley N° 20.370, deberían ajustarse a lo prescrito en la letra a) del artículo 46 de esta última preceptiva, en el plazo de dos años contados desde su entrada en vigencia, que data del 12 de septiembre de 2009, conforme a lo previsto en su artículo 1° transitorio modificado, lo que no habría sido fiscalizado ni sancionado por el MINEDUC.

Requerido su informe, la Subsecretaría de Educación señala que la normativa reseñada no establece una sanción expresa y/o procedimiento especial para el caso que los citados sostenedores no den cumplimiento a ella en el término indicado. Agrega, que además, con ocasión de un proyecto de ley (Boletín N° 8191-04) para prorrogar nuevamente el plazo para la referida adecuación, el Tribunal Constitucional mediante sentencia Rol N° 2.274-12- CPR, de 4 de septiembre de 2012, la declaró inconstitucional, interpretando sus preceptos en sentido contrario a lo manifestado por el citado parlamentario.

Así, sostiene que según su considerando duodécimo las obligaciones creadas por la mencionada ley N° 20.370 sólo se hicieron plenamente exigibles al inaugurarse el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, con la dictación de ley N° 20.529, de 11 de agosto de 2011, hasta empalmar con la implementación de la nueva Superintendencia de Educación, esto es, el 1 de septiembre de 2012, por cuanto las facultades de control que a ésta le otorga dicha ley N° 20.529, en sus artículos 48 y 49, letras a), b), c) y k), vienen a concretar la observancia de los deberes delineados en los artículos 10, inciso segundo, 46, letra a), y 50 de aquella ley N° 20.370.

Añade, que sin embargo, el cumplimiento de las exigencias necesarias para mantener el reconocimiento oficial del Estado, fue fiscalizado por su Unidad de Subvenciones hasta el 31 de agosto de 2012, momento en que dicha materia pasó a ser de competencia de la Superintendencia de Educación. Agrega, que desde el año 2010 a la fecha de su informe -diciembre de 2012-, período desde el cual comenzó a existir un registro informático de la actividad fiscalizadora del MINEDUC, se instruyeron más de 1.203 procesos sancionatorios.

Por su parte, la Superintendencia de Educación expresa que a contar del 1 de septiembre de 2012 instruyó procedimientos administrativos a los establecimientos educacionales que no se hubieren...

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