Dictamen nº 64226 de Contraloría General de la República, de 30 de Diciembre de 2020 - Doctrina Administrativa - VLEX 854287804

Dictamen nº 64226 de Contraloría General de la República, de 30 de Diciembre de 2020

 
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Nº E64226 Fecha: 31-XII-2020

Se han dirigido a este Organismo de Control, mediante presentaciones separadas, las Municipalidades de Ñuñoa, Buin, Maipú y Malloa, formulando diversas consultas relacionadas con el plazo establecido en el inciso final del artículo 49 quáter de la ley N° 18.695, para efectuar los concursos de aquellos cargos que quedaron vacantes luego del encasillamiento regulado en el artículo 49 ter de la misma normativa.

Requerida al efecto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo informó sobre la materia.

Previamente, cabe recordar que la ley N° 20.922, en su artículo , numeral 5), incorporó los artículos 49 bis, 49 ter, 49 quáter y 49 quinquies, a la ley N° 18.695, a efectos de regular la facultad para fijar o modificar las plantas de personal de las entidades edilicias, estableciendo límites y requisitos para su ejercicio.

Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de las respectivas plantas, el citado artículo 49 ter estableció un procedimiento reglado que contempla etapas consecutivas, agregando que si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, éstos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la ley Nº 18.883, es decir, mediante concurso público.

Enseguida, el inciso final del anotado artículo 49 quáter, dispone que la facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere la realización de concursos públicos, estos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde la citada fecha.

Así, en primer lugar, cabe aclarar que la época de inicio del plazo para la realización de los concursos que fueren procedentes conforme a la normativa antes señalada, corresponde a la data de ejercicio de la facultad de encasillar, esto es, a la fecha del decreto alcaldicio que disponga el encasillamiento del personal municipal, y no a la de la entrada en vigencia del reglamento de planta, como parecen entender algunas de las entidades edilicias consultantes (aplica dictamen N° 29.619, de 2018).

Lo anterior, por cuanto solamente una vez que se encuentre efectuado el encasillamiento, se tendrá certeza respecto de los funcionarios que han sido objeto de ese proceso, como asimismo, los cargos que han quedado vacantes y que deberían proveerse por concurso...

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