Dictamen nº 47658 de Contraloría General de la República, de 28 de Junio de 2016
N° 47.658 Fecha: 28-VI-2016
Se ha dirigido a esta Contraloría General la Municipalidad de Vitacura, reclamando que en el marco del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación” (CMVRC) -adjudicado mediante el decreto N° 136, de 2010, del Ministerio de Obras Públicas, en virtud del convenio mandato otorgado para tales efectos por diversos municipios de la Región Metropolitana, entre ellos, el recurrente-, la sociedad concesionaria no estaría dando cabal cumplimiento a sus obligaciones.
Expone esa entidad edilicia, en lo esencial, que dicha sociedad no realizaría todas las gestiones necesarias para identificar a los dueños de los vehículos retirados de circulación, limitándose a constatar si tienen o no placa patente y, en caso negativo, a requerir a la municipalidad respectiva el remate del móvil y el pago de las tarifas con cargo al producto de tal subasta.
Recabado su parecer, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) adjunta un informe evacuado por la inspección fiscal del singularizado contrato de concesión, en el cual manifiesta, en síntesis, que de acuerdo a las bases de la pertinente licitación “la placa patente es el único instrumento registral e inequívoco que la Sociedad Concesionaria debe utilizar para consultar al Registro Nacional de Vehículos Motorizados”, y que, en caso de ausencia de ese elemento, la inspección física de los vehículos que le corresponde efectuar no la faculta “para manipular los vehículos abriéndolos por la fuerza o cortándolos en pos de conseguir mayor información”.
Sobre el particular, cabe señalar que según lo previsto en el artículo 1.1, inciso segundo, de las bases administrativas respectivas -sancionadas a través de la resolución N° 385, de 2007, de la DGOP-, “El proyecto de Concesión, ubicado dentro de la Región Metropolitana, comprende la generación de infraestructura y servicios que permitan cumplir con la obligación de custodia de los vehículos retirados de circulación o de las vías públicas, por orden de la Autoridad, de conformidad a lo establecido en la Ley de Tránsito. El proyecto contempla además, el servicio de Recepción, Traslado y Entrega (RTE) de estos vehículos en dicha infraestructura, y la posterior devolución al dueño, por medio de una certificación extendida por el Tribunal o Autoridad competente, y previo pago al Concesionario del servicio de RTE y custodia conforme a lo establecido en las presentes Bases”.
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