Dictamen nº 38469 de Contraloría General de la República, de 24 de Mayo de 2016
N° 38.469 Fecha: 24-V-2016
La Contraloría Regional del Bío Bío ha remitido la presentación de la Municipalidad de Tirúa, en la que consulta sobre la posibilidad de dar por cumplida la obligación de rendir cuentas respecto de los haberes que se adjudicó del Fondo Social Presidente de la República (FSPR), provenientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, atingentes a los años 1995 y 1997, por un monto total de $*19.297.000.
Añade que, a causa del tsunami que afectó a esa comuna en el mes de febrero de 2010, se destruyó toda la documentación de respaldo que se encontraba custodiada en el respectivo edificio municipal, razón por la cual se ha visto imposibilitada de rendir tales recursos y, como consecuencia de ello, aduce que se encuentra impedida de ser receptora de nuevos haberes provenientes del FSPR.
Además, se ha recibido una consulta de don Mario Fuentealba, representante de la Junta de Vecinos Villa los Radares, quien pide liberarse del deber de rendir cuenta de los fondos que la Municipalidad de Penco le entregó el 2011 con cargo al Fondo de Desarrollo Vecinal (FDV), para la realización del proyecto “Cierre Perimetral Sede Social”, fundado en que el contratista no ejecutó tales obras, apropiándose de los dineros que le fueron anticipados.
A raíz de lo anterior, expone que su agrupación no puede postular nuevamente al FDV. Sin embargo, sostiene la inviabilidad de recabar los antecedentes de respaldo pertinentes, atendido el tiempo transcurrido desde la entrega de esos haberes.
Requerido su informe, la Municipalidad de Penco manifestó que la junta de vecinos recurrente fue beneficiada con $*1.200.000. Añade que de ese total, tal agrupación restituyó $ 325.000 el 2014, encontrándose pendiente de rendición el saldo de $ 875.000. Agrega que con el objeto de recuperar este último monto, decidió patrocinar la gestión sobre confesión de deuda interpuesta en contra del contratista (causa rol N° C-93-2015, del 2° Juzgado Civil de Concepción). Acota que este proceso se encuentra paralizado, ya que la agrupación vecinal carece de recursos para costear los gastos del receptor judicial.
Por su parte, a instancia de esta Contraloría General, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública informa que no tiene competencia para pronunciarse sobre el FDV.
Para atender las consultas planteadas se seguirá el orden siguiente.
En primer lugar, en lo que concierne al FSPR, cabe manifestar que sus recursos están contemplados en el programa 05-10-03...
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