Dictamen nº 33999 de Contraloría General de la República, de 15 de Septiembre de 2017
N° 33.999 Fecha: 15-IX-2017
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Miguel Ángel Ripoll Toro, exfuncionario del Ejército, para reclamar por la decisión de ese organismo de no renovar su contrata para el año 2017.
En su informe, esa entidad castrense manifestó, en síntesis, que con fecha 14 de noviembre de 2016, le comunicó al interesado, en forma personal tal determinación, la que se habría adoptado luego del análisis y evaluación de los cargos de personal a contrata, producto de la racionalización de recursos humanos y la restricción de su presupuesto para el año 2017, cuyo monto sería un 15% menor al del año pasado, por lo que esa institución entiende se vio obligada a reducir la dotación de su personal a contrata, cuyas remuneraciones debían encuadrarse a los fondos disponibles, según expresa en esta ocasión.
Sobre el particular, cabe señalar, en armonía con lo sostenido en el dictamen N° 22.766, de 2016, de este origen, que las continuas prórrogas de las contratas -desde la segunda al menos-, generan en los empleados que se desempeñan sujetos a esa modalidad la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, de manera que para adoptar una decisión diversa es necesario que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan esa determinación, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, pronunciamiento que, junto con lo señalado en el dictamen N° 23.518, de 2016, ha concluido que tales medidas deben ser adoptadas a través de la emisión del pertinente acto administrativo.
Asimismo, se debe considerar que en el oficio N° 85.700, de 2016, se expresó que el 30 de noviembre de 2016 constituye el límite temporal para que el jefe de servicio disponga la no renovación de la designación a través del acto administrativo pertinente, término que, según ha resuelto esta Contraloría General en su dictamen N° 14.865, de 2017, no puede obviarse, pues el propósito buscado con ese plazo apunta a garantizar los derechos de aquellos funcionarios que tenían la legítima expectativa de que la Administración seguiría actuando de la misma forma que lo venía haciendo con anterioridad.
En este sentido, es dable anotar, de conformidad con los registros de este Ente Fiscalizador, que el recurrente fue designado a contrata entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2003, vínculo que se prorrogó, sucesivamente, hasta el 31 de diciembre de 2016, generándose, por lo...
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