Dictamen nº 2256 de Contraloría General de la República, de 12 de Enero de 2015
N° 2.256 Fecha: 12-I-2015
El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a propósito de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 32, de 2013, de este origen, consulta sobre la forma legal en que deben efectuarse los traspasos de fondos desde la “Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile” a la entidad que representa.
Añade que, a su juicio, ello procedería mediante la suscripción de un convenio a través del que se constituya a esta última como el órgano técnico ejecutor de las actividades académicas que lleva a cabo la individualizada Fundación.
Requerido su informe, el Rector de la Universidad de Chile expresa que con el objeto de identificar las transferencias de recursos por las que se consulta, la realización de proyectos conjuntos debe regularse en acuerdos de voluntades, propuestos por el Decano para su aprobación a esa Rectoría, y sancionados por el correspondiente acto administrativo.
A su vez, el Vicepresidente de la Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile manifiesta que la actual situación financiera de dicha entidad impediría la suscripción del convenio a que alude el peticionario ya que la ausencia de flujos monetarios obstaría al cumplimiento de las obligaciones que de él se originaran.
Sobre la materia, la letra b) del artículo 49 del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, del entonces Ministerio de Educación Pública -vigente a la época de formación de la individualizada Fundación-, facultó a la Universidad de Chile para “Crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio”.
Así, en ejercicio de esa atribución, dicho establecimiento de educación superior, constituyó la Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuya personalidad jurídica y estatutos fueron aprobados por el decreto N° 1.539, de 1992, del Ministerio de Justicia. Luego, acorde con el artículo segundo de este último instrumento, y sus modificaciones, aquella tiene, entre otros, los fines de fomentar el estudio y la investigación del derecho y contribuir al desarrollo de acciones de extensión de la mencionada Facultad a través de la realización de congresos, seminarios y otras actividades afines.
Por su parte, cabe recordar que el Informe Final N° 32, de 2013, de...
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