Dictamen nº 1795 de Contraloría General de la República, de 11 de Enero de 2007
N° 1.795 Fecha: 11-I-2007
Se ha dirigido a esta Contraloría General, Alcalde de la Municipalidad de Pirque, solicitando un pronunciamiento en relación con la procedencia de disponer contrataciones a honorarios, imputándolas a los fondos de los programas sociales, de algunos funcionarios de ese municipio, que ostentan cargos directivos.
Se hace presente que en algunas situaciones se configura una dualidad de roles, al prestar servicios en calidad de contratado a honorarios y, por otra, desempeñarse como analistas, informadores o encargados de la resolución de dichos asuntos, lo que podría configurar una infracción al principio de probidad administrativa.
Sobre el particular, cabe señalar previamente, en lo que dice relación con la contratación a honorarios de personas con cargo a los fondos de los programas sociales, que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor ha manifestado que resulta procedente que el municipio disponga dichas contrataciones imputándolas a esos recursos, en la medida que no tengan por objeto cubrir posibles carencias de personal de la respectiva municipalidad, pues no constituyen gastos de personal, por lo que no se imputan al Subtítulo 21, del Clasificador Presupuestario. (Aplica dictámenes N°s. 42.592, de 1994 y 25.754, de 1995, entre otros).
En este mismo contexto, es menester tener en consideración lo preceptuado por el artículo 85, letra b), de la ley N° 18.883, en orden a que el desempeño de los cargos a que se refiere ese estatuto, es compatible con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
Lo anterior, con el objeto de que no se produzca una imposibilidad física, por horario, que impida cumplir efectivamente ambos desempeños. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 13.694, de 1991).
Por otra parte, cabe recordar lo señalado por el artículo 56°, de la ley N° 18.575, que reconoce, a este respecto, el derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio, siempre que no se perturbe el adecuado cumplimiento de los deberes inherentes al comportamiento funcionario, estableciendo la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de aquellas actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público al que pertenezcan.
Así las cosas, del análisis...
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