Dictamen nº 71027 de Contraloría General de la República, de 23 de Diciembre de 2009 - Doctrina Administrativa - VLEX 238860666

Dictamen nº 71027 de Contraloría General de la República, de 23 de Diciembre de 2009

N° 71.027 Fecha: 23-XII-2009

Se ha remitido a esta Contraloría General para su control previo de legalidad, la resolución N° 7, de 2009, de la Universidad de Santiago de Chile, que afina el sumario administrativo ordenado instruir por resolución exenta N° 4.797, de 2008, de esa Casa de Estudios Superiores, y a cuyo término se aplica la medida disciplinaria de censura a don Manuel Darío Salinas Salas.

Por intermedio de su representante legal, el afectado se ha dirigido a esta Entidad Fiscalizadora, solicitando que se abstenga de tomar razón de dicho acto administrativo, el cual, en su opinión, no se ajustaría a derecho, pues no se habrían valorado los antecedentes y prueba rendida en autos, que demostrarían que no tuvo participación en los hechos que se le imputan.

Al respecto, es necesario señalar que si bien consta a fojas 502 del proceso que se formularon cinco cargos al inculpado, el reproche por el que en definitiva se viene sancionando al recurrente dice relación con que en su calidad de Subdirector Docente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la mencionada Universidad, aplicó arbitrariamente la normativa reglamentaria vigente, eximiendo a la alumna doña Alejandra Valle González de los requisitos de la secuencia de la malla curricular de la citada carrera, permitiendo que ella tomara cursos de sexto, séptimo y octavo niveles, teniendo pendiente la asignatura de Termodinámica, que él mismo impartía, correspondiente a quinto nivel.

En lo referente a la alegación efectuada por el interesado, cabe en primer término hacer presente que, en armonía con lo informado por los dictámenes N°s. 34.323 y 38.401, ambos de 2009, de esta Entidad Fiscalizadora, los sumarios administrativos son procedimientos reglados por la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, normativa que contempla los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa de los inculpados, toda vez que en ella se establecen, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de medios de prueba; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquéllos pueden hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los...

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