Dictamen nº 9028 de Contraloría General de la República, de 16 de Marzo de 2017 - Doctrina Administrativa - VLEX 671640341

Dictamen nº 9028 de Contraloría General de la República, de 16 de Marzo de 2017

RESUMEN

Procede la colaboración de las entidades del Estado para el desarrollo de las actividades vinculadas al censo abreviado 2017, mediante la facilitación de los medios de movilización que dispongan, en las condiciones señaladas.

 
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N° 9.028 Fecha: 16-III-2017

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) solicita la reconsideración del dictamen N° 5.759, de 2017, de este origen, ya que a su juicio, los organismos de la Administración podrían arrendar vehículos sin la autorización del Ministerio de Hacienda, y contratar transporte para sus funcionarios a fin de asegurar que ellos cumplan con su obligación de participar en las actividades vinculadas al Censo Abreviado 2017 -si son designados-, pues de otra manera se podría poner en riesgo el correcto desarrollo de esa actividad.

Como cuestión previa, conviene recordar que dicho pronunciamiento determinó la procedencia de que aquellos vehículos ya arrendados por los diferentes servicios, para el cumplimiento de sus funciones inherentes, puedan ser facilitados excepcionalmente para efectuar las acciones relativas al Censo Abreviado 2017, no correspondiendo, a su vez, que las entidades del Estado arrienden vehículos con el sólo propósito de ser usados en el proceso censal referido, al tratarse de un objeto diverso a las tareas establecidas específicamente para cada repartición.

Requerido su informe, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) manifiesta que el artículo 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017, establece un doble requisito para los arriendos de vehículos, exigiéndose que su objetivo sea el desarrollo de funciones inherentes al servicio y que esas operaciones cuenten con la autorización previa del Ministerio de Hacienda, lo cual no implica que los móviles arrendados deban ser adicionados a los que forman parte de la respectiva dotación máxima legal que ha sido autorizada para una determinada repartición estatal, siendo situaciones diversas.

Sostiene que la expresión ‘funciones inherentes’ comprende tanto las tareas desarrolladas por los distintos servicios, ya sea en virtud de sus disposiciones orgánicas, como cualquier otra que se desarrolle en virtud de un mandato legal. Añade que la posibilidad de arrendamiento antes reseñada no obsta a que los servicios puedan ocupar modalidades contractuales distintas, como sería la contratación de servicios de transporte de pasajeros, y que por ello no deben cumplir con la referida autorización previa.

Finalmente, previene que si bien no se aprecia un impedimento legal para dicho arrendamiento, los servicios públicos deberán cumplir con todas las obligaciones relativas al buen uso, custodia, normas de circulación de vehículos y habilitación de conductores, que les sean aplicables.

Sobre la materia, la letra c) del artículo 2° de la ley N° 17.374 -Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)-, prescribe que a éste le corresponderá “Levantar los censos oficiales, en conformidad a las recomendaciones internacionales”. Luego, su artículo 18 indica que los organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, Municipalidades o de las Fuerzas Armadas facilitarán toda clase de auxilios y ayudas proporcionando, en lo pertinente, medios de movilización y demás elementos de que dispongan, para el mejor desarrollo de los censos o investigaciones muestrales que el INE desarrolle.

A su turno, y en armonía con los planteamientos expuestos en esta ocasión por la DCCP, cabe hacer presente los considerandos del decreto N° 104, de 2015, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que dispuso el Levantamiento del Censo Abreviado 2017.

Sus considerandos...

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