Dictamen nº 41106 de Contraloría General de la República, de 10 de Septiembre de 2007
N° 41.106 Fecha: 10-IX-2007
Esta Contraloría General se ha abstenido de tomar razón de la Resolución N° 162, de 2007, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que aprueba las bases administrativas, técnicas y sus anexos que regirán la licitación pública destinada a contratar los servicios de administración, fabricación, control e inspección y oficinas de atención de usuarios de la Tarjeta Nacional del Estudiante para las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Concepción, Talcahuano, Hualqui, Hualpén, Chiguayante, Penco y San Pedro, por cuanto no se ajusta a derecho atendidas las siguientes razones.
En relación a los servicios de fabricación y administración de la Tarjeta Nacional Escolar en las comunas que indica el acto en estudio, cabe recordar que mediante las resoluciones N°s 25, 26, 27 y 68, todas de 2007, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas aprobó los contratos celebrados con las Asociaciones Gremiales de Transporte Público de Pasajeros de las ciudades de Concepción, Valparaíso, Antofagasta, Iquique y Alto Hospicio, con el propósito de encomendarles los servicios de fabricación y administración de dicha tarjeta durante los años 2007 a 2010, en las mismas condiciones en que se viene licitando.
Las citadas resoluciones fueron devueltas por este Organismo Contralor, mediante sus dictámenes N°s. 9.945, 21.470 y 31.155, todos del presente año, en el último de los cuales se indicó que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas debía pagar el precio correspondiente a las prestaciones realizadas por algunas de las Asociaciones Gremiales en virtud de los contratos respectivos, por lo que procede que con antelación a efectuar este proceso licitatorio se precisen las prestaciones ya ejecutadas.
En lo concerniente al servicio de control e inspección de la tenencia y uso de la Tarjeta Nacional del Estudiante que se pretende contratar, es dable manifestar que el Servicio licitante no se encuentra habilitado para encomendar funciones de inspección, en la medida que carece de atribuciones en ese sentido respecto del sistema de pases escolares.
Por lo demás, no resulta procedente que a través de la celebración de contratos una entidad administrativa encargue a privados tareas inherentes al ejercicio de una función pública, sin contar con una norma expresa que lo autorice.
En otro orden de materias, y en lo que respecta específicamente a las bases administrativas...
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